Santiago / Sociedad – Diversos actores sociales han estado protagonizando una serie de manifestaciones públicas durante las últimas semanas en Chile. Los estudiantes de educación superior agrupados en la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) han estado movilizados ante los anuncios del gobierno —desde el 2010— de ciertas reformas de las cuales aún no se conoce el detalle.

 

Por su parte, los estudiantes secundarios han protagonizado más de 150 tomas de establecimientos educacionales a lo largo del país.

 

El 16 de junio confluyeron estos y otros actores sociales en marchas realizadas a lo largo del país. Sólo en Santiago, la capital, la marcha cubrió unas 14 cuadras por las que marcharon unas 80 mil personas, según los datos oficiales; fueron 100 mil en la versión de los organizadores. Se calcula que a lo largo del país el número total de manifestantes fue de aproximadamente 150 mil. Hace 20 años que no se veía una movilización tan multitudinaria en el país.

 

Actualmente en Chile, el gasto público en educación, desde la educación básica a la educación superior, es de US$ 3.088 anuales por estudiante. Los países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) gastan en promedio US$ 8.216. Sumado a ello, los aranceles universitarios son muy altos (teniendo como parámetros los países de la OCDE y el nivel de salarios en Chile). Por ejemplo, sólo un 30% de los salarios completos del país alcanza para cubrir el arancel de una carrera de ingeniería en la Universidad de Chile. Patricio Meller, investigador de la Universidad de Chile, estima que del costo total de una carrera universitaria, una familia debe solventar el 79%, mientras que en los Estados Unidos una familia aporta el 34% gracias a una serie de subsidios estatales.

 

Al descontento ante esta situación, que proviene de las reformas hechas en periodo de dictadura militar y la profundización de dichas reformas en los 20 años posteriores de gobiernos democráticos, se suma el rechazo a las reformas que quiere implementar el actual gobierno que se agrava por un deficiente manejo político y comunicacional de las autoridades. Si bien no se ha planteado explícitamente la dirección de las políticas públicas en educación, éstas apuntan a “regular mejor” el “mercado de la educación”.

 

La marcha de los estudiantes quizás pueda marcar el inicio de un movimiento ciudadano más dispuesto a defender sus intereses y derechos, tal como puede quedar como una manifestación más. Sin embargo, no es un “fantasma” o una minoría, sino la canalización de demandas de personas que no aceptan vivir regidos por un sistema que teóricamente se regula solo.

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Héctor Agusto / Marcelo Villalón / Pablo Ramírez. Artículo publicado en revista Ciudad Nueva, www.ciudadnueva.org.ar